El diputado Carlos de Pérez depositó este miércoles un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias. La propuesta incluye la prohibición de renovar documentos oficiales, salir del país y acceder a servicios del Estado, como parte de un nuevo régimen de consecuencias civiles.
La iniciativa legislativa, compuesta por 57 artículos, plantea la creación de un registro nacional de alimentantes y de un listado de deudores morosos interconectado con instituciones clave, como el Poder Judicial, la Junta Central Electoral (JCE) y el sistema financiero.
El objetivo es detectar de manera automática el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia y aplicar restricciones inmediatas. Entre las medidas propuestas, los deudores no podrán renovar la licencia de conducir, obtener pasaporte ni salir del país.
Además, cualquier trámite ante entidades estatales requerirá una certificación que confirme que el ciudadano está al día con sus obligaciones.
“El Estado debe garantizar que quienes incumplen con sus hijos enfrenten consecuencias reales y efectivas”, sostuvo el legislador.
Impacto social y justificación de la propuesta
El diputado, representante de La Romana por el partido Fuerza del Pueblo, argumentó que el 40 % de los hogares dominicanos son monoparentales, lo que implica que una sola persona asume la carga económica familiar.
A su juicio, el sistema actual resulta ineficiente y burocrático, lo que facilita que muchos progenitores evadan sus responsabilidades sin enfrentar consecuencias significativas.
De Pérez afirmó que, durante sus 27 años de ejercicio como abogado, ha observado de forma recurrente largas filas de mujeres en los tribunales reclamando pensiones, con un promedio de hasta 60 casos diarios.
También destacó que cada año se interponen cerca de 18,000 demandas por este concepto, aunque muchas son abandonadas debido al desgaste emocional y económico que implica el proceso judicial.
Restricciones adicionales y alcance de la ley
El proyecto introduce medidas novedosas, como la inhabilitación de los deudores morosos para aspirar a cargos de elección popular o ser designados en funciones públicas.
Asimismo, establece la extensión de la pensión alimenticia hasta los 21 años, siempre que el beneficiario continúe sus estudios de manera regular y mantenga un buen rendimiento académico.
Otra disposición relevante es la regulación de casos en el extranjero. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) tendría la responsabilidad de gestionar el cumplimiento de la pensión cuando el obligado resida fuera del país, incluyendo acciones como la cancelación de visa o incluso procesos de deportación en caso de incumplimiento.
Paternidad falsa y control del uso de recursos
La iniciativa también aborda el tema de la atribución falsa de paternidad. En estos casos, la persona responsable estaría obligada a devolver los recursos recibidos por concepto de pensión.
De igual forma, se contempla la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos destinados a la manutención de los menores, con el fin de garantizar que sean utilizados exclusivamente en beneficio de niños y adolescentes.
Según datos citados por el legislador, el 93 % de los deudores de pensiones alimenticias en el país son hombres, lo que, a su entender, deja en situación de vulnerabilidad a miles de mujeres que asumen solas la crianza.
En ese sentido, el proyecto busca fortalecer el rol del Estado como garante de los derechos de la niñez y como respaldo para las familias monoparentales.
“Esta ley busca convertir al Estado en un aliado real de las familias y proteger el futuro de los niños dominicanos”, afirmó.
De ser aprobado, este proyecto de ley marcaría un cambio significativo en el sistema de cumplimiento de pensiones alimenticias en la República Dominicana, al introducir mecanismos más estrictos y automatizados. La propuesta abre el debate sobre el equilibrio entre derechos civiles y responsabilidades parentales, así como sobre el papel del Estado en la protección de la niñez. Su discusión en el Congreso podría redefinir las políticas públicas en materia de familia y justicia social en el país.