El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó como grave e inadmisible la conducta de un fiscal acusado de recibir dinero en medio de una investigación de corrupción vinculada al sistema de salud estatal.
Ministerio Público condena el hecho
El Ministerio Público reaccionó con firmeza ante la acusación que pesa sobre el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, señalado por presuntamente aceptar 10 mil dólares de un investigado en un caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
A la salida del tribunal, Camacho expresó que la conducta atribuida al funcionario es completamente contraria a los principios de la institución. Subrayó que el órgano persecutor no tolerará ningún tipo de irregularidad, especialmente cuando involucra a uno de sus propios miembros.
“Es un hecho que rechazamos de manera absoluta y que será enfrentado con la misma firmeza con la que hemos actuado siempre”, sostuvo.
Investigación y evidencias
De acuerdo con las autoridades, el arresto del fiscal se produjo la noche del pasado viernes, tras una operación controlada que permitió documentar la presunta entrega del dinero. Según el expediente, la acción fue autorizada por un juez competente y forma parte de una investigación más amplia sobre irregularidades.
El imputado, quien estaba adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), fue detenido en posesión del monto señalado, lo que, según el Ministerio Público, constituye una evidencia clave dentro del proceso.
Camacho indicó que las pruebas recolectadas son contundentes y respaldan la acusación presentada ante el tribunal, lo que refuerza la posición del órgano acusador en esta etapa judicial.
Cero tolerancia a la corrupción
El funcionario reiteró que la institución mantiene una política clara de combate a la corrupción, sin importar el rango o la posición de los involucrados. En ese sentido, aseguró que la persecución de estos delitos responde a una línea de acción definida por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.
Camacho enfatizó que el Ministerio Público actúa con independencia y responsabilidad, evitando comprometer el debido proceso, pero garantizando, al mismo tiempo, que los hechos sean investigados a fondo.
También explicó que el aplazamiento de la audiencia responde a una solicitud de la defensa, con el objetivo de revisar las pruebas presentadas en el expediente.
Contexto del caso
El caso se enmarca dentro de una investigación sobre presuntas irregularidades en el sistema de salud pública, específicamente en procesos vinculados a Senasa. Este tipo de casos ha generado atención en la opinión pública debido a su impacto en los recursos del Estado y en los servicios destinados a la población.
La implicación de un fiscal en este tipo de hechos añade un elemento de gravedad institucional, al tratarse de un funcionario encargado, precisamente, de perseguir delitos.
“El Ministerio Público actuará con firmeza frente a cualquier acto de corrupción, sin importar quién esté involucrado”.
El proceso judicial contra el fiscal acusado continúa su curso mientras se analizan las pruebas presentadas. Este caso representa un nuevo reto para el sistema de justicia dominicano, que busca fortalecer la confianza ciudadana mediante acciones concretas contra la corrupción interna.
Las autoridades han reiterado que el desenlace del proceso será clave para enviar un mensaje claro sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones públicas.