El coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, fue detenido tras ser acusado de agredir a una joven en plena vía pública en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, hecho que quedó registrado en video y generó amplia indignación en redes sociales.
Detención tras difusión del video
La detención del oficial se produjo luego de que circularan imágenes del incidente, lo que aceleró las acciones judiciales en su contra. De acuerdo con una fuente vinculada al proceso, las autoridades estaban a la espera de la orden de arresto correspondiente, mientras el implicado ya había comparecido previamente ante instancias judiciales.
La víctima, identificada como Charlizze Altagracia Hernández Monegro, presentó una querella formal con constitución en actor civil ante la Fiscalía de Santo Domingo. En la acción también se incluye a la Policía Nacional como tercero civilmente responsable, al tratarse de un agente en ejercicio de sus funciones al momento del hecho.
Base legal de la acusación
El equipo legal de la querellante sustenta la acusación en varios artículos del Código Penal dominicano, relacionados con agresión física, asociación de malhechores y violencia agravada. Estos cargos podrían derivar en sanciones penales significativas, dependiendo del curso de la investigación y de las decisiones judiciales.
Además del proceso penal, el caso abre la puerta a posibles indemnizaciones civiles, en función de los daños alegados por la víctima.
Reacción oficial y medidas disciplinarias
Tras hacerse público el caso, la Policía Nacional dispuso la suspensión inmediata del coronel mientras avanzan las investigaciones. Paralelamente, organismos internos como la Inspectoría General y la Dirección de Asuntos Internos iniciaron un proceso para determinar responsabilidades administrativas.
El presidente Luis Abinader también se pronunció sobre el hecho, calificándolo como inadmisible y contrario a los principios de la institución.
“Este tipo de acciones no será tolerado y recibirá las sanciones correspondientes conforme a la ley”, afirmó el mandatario.
Por su parte, el vocero policial, Diego Pesqueira, reiteró que el caso está siendo investigado con rigor, destacando el compromiso institucional con la transparencia.
Panorama y antecedentes del caso
Este no es el primer incidente en el que se ve involucrado el oficial. En 2018, cuando tenía un rango inferior, fue objeto de sanción por un comportamiento violento hacia un ciudadano en el sector Los Frailes.
Este antecedente ha reavivado el debate sobre los mecanismos de supervisión dentro de la Policía Nacional y la necesidad de fortalecer los controles internos para prevenir conductas inapropiadas por parte de sus miembros.
El caso también se enmarca en un contexto más amplio de exigencias sociales por mayor rendición de cuentas y respeto a los derechos ciudadanos.
Implicaciones y seguimiento del proceso
La evolución de este proceso será clave para medir la respuesta institucional ante actos de violencia cometidos por agentes del orden. Especialistas coinciden en que este tipo de casos pone a prueba la credibilidad de las autoridades y su compromiso con la justicia.
Mientras tanto, la ciudadanía permanece atenta al desarrollo de las investigaciones y a las decisiones que adopten los tribunales en los próximos días.
El desenlace podría sentar un precedente importante en materia de responsabilidad policial y fortalecimiento del Estado de derecho en República Dominicana.