El Senado de la República Dominicana aprobó este jueves, en segunda lectura y con modificaciones, un proyecto de ley destinado a saldar deudas históricas con contratistas del Estado. La iniciativa, que ahora regresa a la Cámara de Diputados, busca establecer un mecanismo de validación transparente para compromisos acumulados desde 1996.
La legislación plantea un cambio estructural en la forma en que el Estado reconoce y paga deudas vinculadas a obras públicas. A diferencia de iniciativas anteriores, el nuevo enfoque elimina listados cerrados de beneficiarios y apuesta por una revisión individual de cada reclamación.
Según lo aprobado, el objetivo es corregir una situación que ha afectado durante décadas a cientos de contratistas, algunos de los cuales, de acuerdo con el proyecto, fallecieron sin recibir los pagos correspondientes.
La pieza legislativa fue modificada a partir de una propuesta del senador Ramón Rogelio Genao, quien explicó que los ajustes responden a la necesidad de alinear el contenido con evaluaciones técnicas previas.
De acuerdo con el legislador, se reorganizó la información sobre reparaciones de infraestructuras escolares en función de la estructura territorial del Ministerio de Educación, incluyendo regionales, distritos y provincias.
Asimismo, el proyecto incorpora casos no contemplados inicialmente, con base en informes remitidos por la comisión revisora creada por el Poder Ejecutivo.
Detalles del mecanismo de validación
Uno de los pilares de la iniciativa es la creación de una comisión encargada de revisar, validar y confirmar cada reclamación antes de autorizar cualquier desembolso.
Según el texto, este organismo tendrá la responsabilidad de verificar la autenticidad de las deudas, con el objetivo de reducir riesgos de irregularidades y fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos.
Entre los posibles beneficiarios figuran tanto contratistas activos como herederos de aquellos fallecidos, siempre que se compruebe la legitimidad de las reclamaciones.
El proyecto sustituye una legislación previa aprobada en enero de este año, que fue observada por el presidente Luis Abinader.
En esa ocasión, el Poder Ejecutivo objetó la normativa al considerar que no identificaba claramente a los beneficiarios ni las fuentes de financiamiento para cubrir las deudas, según informes oficiales.
La versión anterior contemplaba un listado cerrado de 571 acreedores con montos definidos, lo que generó cuestionamientos sobre su alcance y transparencia.
Implicaciones
El nuevo enfoque, basado en la validación caso por caso, introduce un cambio significativo en la gestión de pasivos del Estado. Este modelo podría influir en futuras políticas públicas relacionadas con la contratación estatal y la rendición de cuentas.
A nivel regional, la medida se inscribe en un contexto en el que varios países buscan fortalecer mecanismos de control del gasto público y resolver pasivos históricos sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
“Se organizó el estado de las reparaciones constructivas de las escuelas en función de la estructura del Ministerio de Educación”, explicó el senador Ramón Rogelio Genao.
La aprobación del proyecto ocurre en un momento en que la transparencia y la eficiencia en el manejo de fondos públicos son prioridades en América Latina.
Aunque la ley aún debe ser ratificada por la Cámara de Diputados, su eventual implementación podría contribuir a mejorar la confianza entre el Estado y el sector privado, especialmente en el ámbito de la construcción.
No obstante, expertos advierten que el éxito de este tipo de iniciativas depende en gran medida de la capacidad institucional para ejecutar procesos de verificación rigurosos y libres de interferencias políticas.
El proyecto regresa ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva en única discusión. De ser ratificado, marcaría un avance relevante en la resolución de deudas acumuladas durante décadas en República Dominicana.
A partir de entonces, el foco estará en la ejecución del mecanismo de validación y en la capacidad del Estado para cumplir con los pagos de manera ordenada y transparente, en un proceso que podría extenderse en el tiempo.