El empresario José Ángel “Jochy” Gómez Canaán negó este viernes ante un tribunal en Santo Domingo haber cometido fraude contra el Estado dominicano y atribuyó el colapso de la red semafórica a errores de las autoridades. La declaración se produjo en el marco del proceso judicial por el contrato ejecutado por la empresa Transcore.
Durante su intervención ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas, Gómez Canaán rechazó las acusaciones del Ministerio Público que lo vinculan con un presunto esquema de estafa relacionado con la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
El caso gira en torno al uso de un anticipo equivalente al 20 % del contrato, estimado en 263 millones de pesos. Según la acusación, esos fondos habrían sido desviados, mientras que el empresario sostiene que se destinaron a la ejecución del proyecto y a pagos a suplidores internacionales.
Gómez Canaán explicó que la ejecución del contrato comenzó en junio de 2023, mientras que los desembolsos estatales se realizaron posteriormente, entre agosto y octubre de ese año.
Según su versión, la empresa Transcore operó inicialmente con financiamiento externo, incluida una línea de crédito superior a 120 millones de pesos con el Banco BDI, así como préstamos de la empresa Dekolor, en la que también participa como socio.
El imputado afirmó que las transferencias internacionales señaladas por el Ministerio Público, por un monto de 6,475,000 dólares, correspondieron a pagos a suplidores en países como Estados Unidos, Canadá, Croacia, República Checa y China.
En su defensa, el empresario aseguró que la red semafórica, instalada en 305 intersecciones del Gran Santo Domingo, está operativa desde junio de 2023.
Sostuvo que la inversión total del proyecto superó los 1,100 millones de pesos, una cifra superior al monto recibido como anticipo, lo que —según argumentó— contradice la tesis de fraude.
“Esto es simple matemática: 263 millones de pesos es menor a 1,100 millones”, afirmó ante el tribunal.
Detalles del caso
El expediente también incluye acusaciones de sabotaje y terrorismo relacionadas con la interrupción del sistema semafórico. Gómez Canaán cuestionó que la investigación no fuera liderada por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), sino sustentada en un informe del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), entidad querellante en el proceso.
Según su testimonio, el colapso del sistema ocurrió tras la desconexión de nodos de comunicación por parte de autoridades, pese a advertencias técnicas previas. También aseguró que ofreció colaboración para una transición ordenada del sistema, pero que esta no fue aceptada.
En relación con la empresa Aurix, Gómez Canaán indicó que su gestión operativa fue entregada a un funcionario de la Presidencia y que, durante ese período, funcionó como soporte técnico para operativos de seguridad en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional.
Esta afirmación contrasta con la posición del Ministerio Público, que describe la empresa como una estructura clandestina, según el expediente acusatorio.
Sobre Dekolor, también bajo escrutinio por presunto lavado de activos, el empresario aseguró que la compañía ha sido auditada y que sus ingresos provienen de servicios prestados al Estado mediante esquemas fiduciarios.
Implicaciones
El proceso judicial pone bajo análisis la gestión de contratos públicos en el sector tecnológico y de infraestructura urbana en República Dominicana, así como los mecanismos de supervisión estatal.
También plantea interrogantes sobre la relación entre el sector privado y las instituciones públicas en la implementación de sistemas críticos como la red semafórica, clave para la movilidad en la capital.
El caso adquiere relevancia en un contexto regional de creciente escrutinio sobre la transparencia en la contratación pública y el uso de fondos estatales.
La resolución podría influir en la percepción de seguridad jurídica para inversionistas y proveedores internacionales involucrados en proyectos tecnológicos en el país.
Asimismo, el desenlace tendrá implicaciones para la credibilidad institucional, en particular en organismos encargados de la regulación del tránsito y la fiscalización de contratos.
El tribunal continuará con el conocimiento del caso en próximas audiencias, en las que evaluará las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la defensa.
Mientras tanto, el proceso sigue abierto y sin decisión definitiva, por lo que las acusaciones y los argumentos deberán ser valorados por la justicia dominicana conforme avance el juicio.