Tras más de diez horas de audiencia y múltiples incidentes procesales, un tribunal de República Dominicana ordenó la madrugada de este miércoles tres meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara. La medida responde a acusaciones de soborno vinculadas a una investigación de corrupción en el seguro estatal Senasa.
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, dispuso que Valdez Alcántara cumpla la medida en la cárcel modelo de Najayo Hombres, uno de los principales centros penitenciarios del país.
De acuerdo con el Ministerio Público, el fiscal habría recibido 10,000 dólares de Roberto Canaán Acta, exgerente de atención al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), entidad pública encargada de gestionar el aseguramiento sanitario de millones de ciudadanos dominicanos.
El órgano acusador solicitó inicialmente un año de prisión preventiva; sin embargo, el tribunal optó por una medida menor. La revisión obligatoria fue fijada para el 29 de junio a las 11:00 de la mañana.
Según el Ministerio Público, la detención de Valdez Alcántara el pasado 27 de marzo fue resultado de una operación planificada. Las autoridades ejecutaron una vigilancia previa y utilizaron una “entrega controlada” de dinero, técnica investigativa que permite documentar la comisión de un delito en tiempo real.
De acuerdo con la acusación, el fiscal fue sorprendido en flagrante delito al recibir el dinero en efectivo, lo que habría fortalecido los elementos probatorios presentados ante el tribunal.
Incidentes y tensiones en la audiencia
La audiencia estuvo marcada por la presentación de 18 incidentes procesales, varios de ellos promovidos por la defensa del imputado, integrada por los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano.
Entre los recursos planteados, la defensa solicitó la salida del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, alegando falta de jurisdicción en el caso. La jueza rechazó la petición.
Asimismo, fue desestimado un intento de anular la solicitud de medida de coerción bajo el argumento de que el documento no contaba con la firma del procurador general de la corte de apelación, José del Carmen Sepúlveda, quien —según la defensa— debía intervenir en el proceso.
Durante un receso, Medrano solicitó además que se permitiera el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias, en defensa del carácter público del proceso judicial.
El caso se inscribe en una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en Senasa, una institución clave del sistema de salud pública dominicano.
Aunque las autoridades no han detallado el alcance total del presunto fraude, el señalamiento de un fiscal en funciones introduce un elemento de alta sensibilidad institucional, al involucrar a un actor encargado de perseguir delitos.
La defensa, por su parte, calificó la actuación del Ministerio Público como “exagerada, absurda y abusiva”, según declaraciones ofrecidas durante la audiencia.
El caso tiene implicaciones relevantes tanto a nivel nacional como regional. En República Dominicana, refuerza el escrutinio sobre la integridad del sistema judicial y la lucha contra la corrupción dentro de las propias instituciones encargadas de investigarla.
A nivel internacional, este tipo de procesos se observa como un indicador del estado de derecho y de la capacidad de los países para procesar delitos que involucran a funcionarios públicos.
La utilización de técnicas como la entrega controlada sugiere un enfoque más sofisticado en la investigación de delitos de corrupción, alineado con estándares internacionales.
“La actuación del Ministerio Público en este caso resulta exagerada, absurda y abusiva”, afirmó el abogado defensor Valentín Medrano durante la audiencia.
Con la imposición de la prisión preventiva, el caso entra en una fase clave de investigación formal, en la que las autoridades deberán sustentar las acusaciones ante los tribunales.
La revisión de la medida en junio marcará un punto decisivo para determinar si se mantienen los argumentos del Ministerio Público o si la defensa logra modificar la situación procesal del imputado.
En un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia institucional, el desarrollo de este caso será seguido de cerca tanto dentro como fuera de República Dominicana.