La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo ratificó este jueves la medida de tres meses de prisión preventiva contra el coronel Fausto Madé Ramírez, acusado de agredir físicamente a una joven de 19 años en el sector Los Mina, en la capital dominicana. El caso adquirió amplia repercusión pública tras la difusión en redes sociales de un video que muestra parte del incidente.
La decisión judicial fue confirmada por Randy Yoel Banks, abogado de la víctima, quien informó que el tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del oficial imputado.
Cómo ocurrió el incidente
El proceso judicial se centra en un hecho ocurrido en el sector Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este, donde presuntamente el coronel agredió a Charlizze Altagracia Hernández Monegro, de 19 años.
Según la denuncia presentada ante las autoridades, el oficial se acercó inicialmente al vehículo en el que se encontraba la joven junto a otras personas. Los ocupantes habrían manifestado su intención de abandonar el lugar; sin embargo, de acuerdo con el expediente, la patrulla que acompañaba al coronel les impidió retirarse.
Conforme al informe preliminar, los jóvenes salieron posteriormente del automóvil y comenzaron a grabar la situación con dispositivos móviles.
La denuncia sostiene que, en ese momento, el coronel reaccionó de manera violenta y agredió físicamente a Hernández Monegro. El documento indica que el oficial la sujetó por el cabello y luego la lanzó al suelo.
Parte del incidente quedó registrado en un video que posteriormente se viralizó en plataformas digitales, generando indignación y reavivando el debate en República Dominicana sobre el uso de la fuerza y la actuación de agentes de seguridad.
Evolución del proceso judicial
El coronel Fausto Madé Ramírez cumple actualmente la medida de coerción en el centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste.
La prisión preventiva había sido impuesta previamente por un tribunal de atención permanente, decisión que ahora fue confirmada por la Corte de Apelación tras revisar el recurso interpuesto por la defensa.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han informado una fecha para el inicio del juicio de fondo.
Implicaciones del caso
El caso ha captado atención pública debido a la circulación masiva del video y al debate generado sobre la conducta de miembros de cuerpos de seguridad durante procedimientos ciudadanos.
En República Dominicana, organizaciones de derechos humanos y sectores civiles han reclamado en distintas ocasiones investigaciones más rigurosas sobre denuncias de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales.
Analistas locales consideran que la difusión de imágenes en redes sociales continúa desempeñando un papel determinante en la visibilidad de casos judiciales y en la presión pública sobre las instituciones encargadas de impartir justicia.
“La corte rechazó el recurso de apelación interpuesto por el imputado”, declaró Randy Yoel Banks, abogado de la víctima.
El caso también refleja un fenómeno regional más amplio en América Latina: el creciente escrutinio ciudadano sobre actuaciones policiales grabadas por civiles y difundidas en plataformas digitales.
La rápida circulación de videos relacionados con presuntos abusos ha incrementado la presión sobre fiscales, tribunales y organismos de control interno para ofrecer respuestas más transparentes y oportunas.
Aunque el proceso judicial permanece en etapa preliminar, la decisión de mantener la prisión preventiva sugiere que el tribunal consideró suficientes los elementos presentados por el Ministerio Público para sustentar la medida cautelar mientras avanzan las investigaciones.
La ratificación de la prisión preventiva mantiene abierto uno de los casos recientes de mayor repercusión mediática relacionados con presunta violencia policial en República Dominicana.
En las próximas semanas, se espera que el Ministerio Público continúe profundizando las investigaciones, mientras la defensa del coronel evalúa posibles nuevas acciones legales dentro del proceso judicial.