Diversos sectores comunitarios, representantes de la Iglesia católica y organizaciones ambientalistas realizaron este domingo una marcha en la provincia de La Vega, en la República Dominicana, para denunciar la deforestación y los movimientos de tierra en la loma del Santo Cerro, un área considerada de valor ecológico y religioso. Los manifestantes exigen la intervención inmediata de las autoridades ante los daños ambientales reportados.
La movilización
La protesta reunió a residentes de varias comunidades afectadas por recientes inundaciones y acumulación de lodo, situaciones que los participantes vinculan directamente con la intervención de la montaña y la pérdida de cobertura forestal.
Durante la caminata, los manifestantes recorrieron zonas cercanas al Santo Cerro, donde señalaron áreas con suelos removidos, caminos improvisados y una pérdida significativa de vegetación.
Cómo se desarrolló la marcha
La movilización, de carácter pacífico, partió desde el área del Santo Cerro y avanzó hacia comunidades cercanas impactadas por los cambios en el terreno. Los organizadores subrayaron que la actividad no tuvo motivación política, sino comunitaria y ambiental.
El padre Jhonny Durán, encargado de Medio Ambiente de la Diócesis de La Vega, denunció que los sectores más vulnerables son quienes sufren las consecuencias de los daños ecológicos.
Detalles de las denuncias ambientales
De acuerdo con los participantes, las intervenciones en la loma del Santo Cerro han incrementado el riesgo de erosión, deslizamientos y escorrentías durante las temporadas de lluvia.
Imágenes aéreas difundidas por comunitarios muestran amplias zonas sin vegetación, con tierra expuesta y alteraciones visibles en la topografía natural de la montaña.
Preocupaciones locales
Las denuncias por afectaciones ambientales en la zona no son recientes, pero se han intensificado tras las últimas lluvias, que provocaron inundaciones en comunidades cercanas.
Los residentes afirman que la eliminación de árboles y la intervención del terreno han aumentado la vulnerabilidad del área frente a fenómenos climáticos.
Lo que se sabe hasta ahora
El sacerdote Jhonny Durán pidió que la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente investigue los daños registrados en lo que califican como un santuario ecológico.
Por su parte, el padre Rafael Mendoza, responsable de la parroquia del Santo Cerro, reiteró que la movilización no responde a intereses partidistas, sino a una preocupación colectiva por el entorno natural.
Antecedentes del caso
El área del Santo Cerro es reconocida tanto por su valor ecológico como religioso dentro de la región norte de la República Dominicana. En los últimos meses, organizaciones locales han advertido sobre posibles intervenciones de tipo inmobiliario en la zona.
El ambientalista Yanio Concepción calificó la situación como un “ecocidio” y cuestionó la transparencia de los permisos otorgados para cualquier intervención en el área.
Implicaciones ambientales
Expertos y activistas advierten que la pérdida de cobertura forestal en zonas montañosas puede generar efectos directos sobre la estabilidad del suelo, aumentando el riesgo de deslizamientos y afectaciones a comunidades aguas abajo.
Además, la reducción de vegetación impacta la regulación natural del agua, lo que agrava los efectos de las lluvias intensas.
El caso del Santo Cerro trasciende lo local al reflejar un desafío común en la región: el equilibrio entre desarrollo urbano, actividades económicas y preservación ambiental. La falta de claridad sobre permisos y supervisión ambiental incrementa la preocupación ciudadana.
En un contexto global de crisis climática, la protección de áreas naturales adquiere relevancia estratégica para la resiliencia de las comunidades rurales.
“Estamos exigiendo soluciones inmediatas y que los responsables de la deforestación sean sometidos a la acción de la justicia”, expresó la coordinadora de la marcha, Geraldine Collado.
La movilización en La Vega evidencia una creciente presión social por la protección del Santo Cerro, en medio de denuncias por deforestación y posibles proyectos de intervención en la zona.
Las comunidades esperan ahora una respuesta de las autoridades ambientales y judiciales para determinar responsabilidades y establecer medidas de protección. El desenlace del caso será clave para definir el futuro ambiental de una de las zonas más sensibles de la región.