Santo Domingo. En medio del creciente debate sobre los casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional en República Dominicana, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, defendió este lunes la continuidad del proceso de reforma policial, rechazó los llamados a renunciar y aseguró que el Gobierno mantendrá una política de cero tolerancia frente a las actuaciones irregulares dentro de la institución.
Una transformación que el Gobierno califica de histórica
Las declaraciones fueron ofrecidas tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, donde la funcionaria respondió a cuestionamientos sobre la efectividad de la reforma policial ante la persistencia de denuncias por abusos de autoridad.

Raful sostuvo que la transformación de la Policía Nacional busca corregir deficiencias acumuladas durante décadas y afirmó que, según el Gobierno, ninguna administración anterior había impulsado una reforma integral de esa magnitud.
«Ningún gobierno había trabajado ni priorizado una reforma en la Policía Nacional desde hace 90 años, precisamente por los desafíos, los retos y los intereses que hay que encarar», afirmó la ministra.
Según explicó, el proceso contempla la modernización de los procedimientos internos, una mayor interoperabilidad entre las instituciones del Estado, mejoras administrativas, nuevas políticas públicas y mecanismos orientados a fortalecer la transparencia, la prevención del delito y la seguridad ciudadana.
Respuesta a las solicitudes de renuncia
Durante su comparecencia, la ministra también respondió a los sectores de la oposición que han solicitado su salida del cargo tras recientes casos de presuntos excesos policiales.
Raful descartó esa posibilidad y afirmó que continuará desempeñando sus funciones por mandato del presidente Luis Abinader, quien, según indicó, mantiene su compromiso con la reforma institucional.
«Yo estoy cumpliendo el compromiso y con el trabajo diario que tenemos en este sentido. Nuestro rol aquí es ejercer con toda responsabilidad, transparencia y honestidad», expresó.
La funcionaria reiteró que permanecerá al frente del Ministerio de Interior y Policía mientras cuente con la confianza del jefe del Estado.
Asimismo, reconoció que el proceso de transformación institucional aún enfrenta desafíos y señaló que la autocrítica forma parte de la estrategia para construir una Policía Nacional alineada con los estándares establecidos por la legislación dominicana.
También aseguró que el Ejecutivo mantendrá una política de cero tolerancia frente a las conductas que vulneren la ley.
En ese sentido, explicó que cualquier miembro de la Policía Nacional señalado por actuaciones irregulares deberá ser investigado por el Ministerio Público, con pleno respeto al debido proceso.
«No vamos a someter a la impunidad a nadie que esté dentro de una institución que haya violentado la ley… no tenemos nada que ocultar», afirmó Raful.
Seguridad ciudadana
La reforma policial constituye una de las principales iniciativas institucionales impulsadas por el Gobierno dominicano para fortalecer la seguridad pública y recuperar la confianza ciudadana en los organismos responsables del orden.
No obstante, los recientes casos de presunto uso excesivo de la fuerza han reavivado el debate sobre el ritmo y los resultados del proceso de transformación, aumentando las demandas de rendición de cuentas y de mayor supervisión institucional.
Especialistas en políticas de seguridad coinciden en que las reformas policiales requieren procesos sostenidos, acompañados de capacitación, mecanismos de control interno y transparencia para consolidar cambios estructurales.
Al concluir sus declaraciones, Raful destacó el trabajo de los funcionarios involucrados en la reforma policial y pidió que el proceso sea analizado con mayor profundidad por la opinión pública y los medios de comunicación.
Mientras continúan las investigaciones sobre los casos recientes de presuntos abusos policiales, el avance de la reforma seguirá siendo uno de los principales ejes del debate sobre seguridad ciudadana en República Dominicana, donde el Gobierno insiste en mantener la transformación institucional sin modificar su hoja de ruta.
