Un puesto de votación en Puerto Lozada, zona rural de La Macarena (Meta), fue atacado con un dron explosivo por disidencias de las FARC al cierre de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. Los jurados se lanzaron al piso mientras el Ejército repelía el ataque. No hubo heridos, el preconteo fue suspendido y luego reanudado. En Chimá, Córdoba, también se reportó una amenaza de asonada en otro puesto electoral.

BOGOTÁ, Colombia La jornada electoral del 8 de marzo de 2026 en Colombia, convocada para renovar el Senado y la Cámara de Representantes y celebrar tres consultas interpartidistas a la Presidencia, transcurrió en su mayor parte con normalidad, pero al cierre de las urnas registró su momento más tenso: un ataque con dron explosivo contra un puesto de votación en una zona rural del departamento del Meta.

Dron explosivo sobre las urnas en Puerto Lozada

Las Fuerzas Militares responsabilizaron a las disidencias de las FARC al mando del alias «Calarcá» de haber lanzado drones con explosivos contra el puesto de votación en la zona rural de La Macarena, Meta. El blanco fue el caserío de Puerto Lozada, donde un salón escolar había sido habilitado como mesa electoral.

Los jurados de votación en el puesto de Puerto Lozada, en Meta, se refugiaron bajo las mesas debido a las detonaciones que causaron temor. El momento quedó registrado en un video difundido por la propia Registraduría Nacional en redes sociales, que se convirtió rápidamente en viral.

El Ejército Nacional atribuyó el incidente al GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura armada vinculada a la facción de alias «Calarcá», una de las principales disidencias de las extintas FARC que opera en esa región del centro del país. Las Fuerzas Militares calificaron el hecho como un acto criminal orientado a sembrar miedo entre la población civil e intimidar a las comunidades en plena jornada democrática, y precisaron que, gracias a la reacción inmediata de las tropas desplegadas en el terreno, no se registraron víctimas civiles.

El preconteo, suspendido y luego reanudado

La Registraduría denunció que la alteración del orden público retrasó el inicio del proceso de preconteo en Puerto Lozada. «Las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y continuar con el desarrollo del proceso electoral», señaló la entidad a través de sus redes sociales.

Horas después, la Registraduría informó que el proceso de preconteo de votos en el puesto de votación de Puerto Lozada fue reactivado, una vez controlada la situación de hostigamiento. Hasta ese momento, no se habían reportado personas heridas asociadas al incidente. Se previó que los votos fueran trasladados hacia la cabecera municipal de La Macarena bajo custodia aérea del Ejército.

Segunda alerta: amenaza de asonada en Córdoba

En el puesto de votación Corosalito, ubicado en Chimá, Córdoba, se presentó una alteración luego de que personas que se identificaban como testigos electorales, pero que no contaban con la acreditación correspondiente, amenazaran con generar una asonada.

El registrador departamental, Fabián Daza, informó que la situación en Corosalito fue controlada rápidamente por las autoridades locales, sin que se reportaran consecuencias mayores.

Una jornada que el registrador calificó de democrática

Más allá de estos dos incidentes, durante la jornada electoral el registrador Hernán Penagos destacó que la votación transcurrió con tranquilidad en todo el país, y al cierre subrayó que «las mayorías tienen espíritu democrático», haciendo énfasis en algunos intentos de delitos electorales detectados en Amazonas, Antioquia, Guaviare, Guainía y Norte de Santander.

El registrador nacional confirmó también que, por primera vez en la historia electoral del país, un millón de testigos electorales apoyaron el proceso de vigilancia y supervisión del preconteo.

El ataque en La Macarena constituye el hecho de violencia más grave registrado en esta jornada y reaviva el debate sobre la capacidad del Estado para garantizar el ejercicio democrático en territorios históricamente controlados por grupos armados ilegales.

Por Redacción Notidiario

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