El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó este lunes el inicio de la lectura formal de la acusación contra los implicados en el colapso de la discoteca Jet Set, en una decisión orientada a evitar retrasos innecesarios y garantizar el cumplimiento de los plazos procesales en uno de los casos más impactantes de los últimos años en República Dominicana.
Tribunal rechaza aplazamientos y da paso a la acusación
La decisión fue adoptada por el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, quien rechazó varios incidentes planteados por las partes y dispuso que el Ministerio Público comenzara la exposición de los cargos. El magistrado subrayó que, si bien el tribunal debe garantizar el derecho de defensa de los imputados, también tiene la responsabilidad de impedir dilaciones que afecten el desarrollo del proceso.
Durante la audiencia, el juez dejó clara su postura frente a los intentos de posposición:
“Hoy está todo el mundo convocado; el que no está aquí es porque no tiene el interés necesario”, expresó al negar una solicitud de aplazamiento.
En ese sentido, insistió en la necesidad de equilibrar las garantías procesales con el principio de plazo razonable, señalando que no permitiría que el proceso se extendiera indefinidamente.
Señalamientos del Ministerio Público
Al iniciar la lectura de la acusación, el órgano persecutor expuso los fundamentos de su caso, señalando presuntas responsabilidades en la tragedia ocurrida en abril de 2025. El fiscal a cargo sostuvo que el colapso del techo de la discoteca estuvo vinculado a una conducta negligente.
Según la acusación, la contratación de personal no calificado para atender problemas estructurales, como filtraciones en el techo, habría contribuido al desplome. Estas acciones, calificadas como imprudentes, forman parte central del expediente presentado contra los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat López.
Antecedentes informativos del caso
La discoteca Jet Set, fundada en 1973 y operada como una empresa familiar, funcionaba bajo la administración de los acusados al momento del siniestro. El colapso de su estructura provocó una de las mayores tragedias recientes del país, con un saldo de 236 personas fallecidas y cientos de heridos, muchos de ellos con secuelas permanentes.
El tribunal recordó que las partes han contado con tiempo suficiente para preparar sus pruebas, lo que refuerza la decisión de avanzar sin nuevas demoras.
Peritaje independiente y garantías procesales
Previo al inicio de la lectura, el juez emitió el Auto núm. 057-2026, mediante el cual acogió parcialmente una solicitud de la defensa para realizar un peritaje técnico independiente. Esta evaluación tendrá un plazo de 30 días hábiles y estará enfocada en analizar tanto los materiales estructurales como los factores externos que pudieron influir en el colapso.
El magistrado aclaró que esta medida no implica un juicio anticipado sobre la responsabilidad de los acusados, sino que busca garantizar igualdad de condiciones entre las partes.
“El tribunal tiene que garantizar el derecho de los querellantes y de los imputados, pero también el plazo razonable”, afirmó durante la audiencia.
Avance del proceso y expectativas
A casi un año del suceso, el proceso judicial entra en una fase clave con la presentación formal de la acusación. Este paso marca el inicio de una etapa determinante en la que se evaluarán las pruebas y los argumentos de las partes involucradas.
El caso ha generado una alta expectativa pública, no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por la necesidad de establecer responsabilidades y sentar precedentes en materia de seguridad estructural y supervisión de establecimientos.
La decisión del tribunal de avanzar sin más aplazamientos refleja un intento de equilibrar la justicia y la celeridad en un proceso complejo y de alto impacto social. A medida que se desarrollen las audiencias, el país seguirá atento a un caso que no solo busca esclarecer los hechos, sino también ofrecer respuestas a las víctimas y reforzar la confianza en el sistema judicial dominicano.