El presidente Luis Abinader promulgó este jueves la Ley 30-26, una normativa orientada a fortalecer la estabilidad económica de República Dominicana mediante medidas de alivio tributario, incentivos a la inversión y mecanismos destinados a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La legislación fue aprobada previamente por el Congreso Nacional durante la misma jornada.
Según informó el Gobierno dominicano, la nueva ley busca impulsar el crecimiento económico, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y crear condiciones más favorables para la inversión privada y la generación de empleos.
La normativa surge en un contexto marcado por desafíos económicos globales y por los esfuerzos de diversos países para fortalecer la resiliencia de sus economías frente a factores externos que afectan el crecimiento y la estabilidad financiera.
Cómo funcionará la amnistía fiscal
Uno de los aspectos más relevantes de la Ley 30-26 es la implementación de una amnistía fiscal temporal que permitirá a los contribuyentes regularizar obligaciones pendientes bajo condiciones especiales hasta el 31 de diciembre de 2026.
Además, la legislación establece nuevos mecanismos de acuerdos de pago con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), así como descuentos por pronto pago y facilidades para la regularización de deudas tributarias acumuladas.
Las autoridades consideran que estas medidas podrían contribuir a mejorar los niveles de cumplimiento fiscal y aumentar la recaudación sin recurrir a incrementos impositivos generalizados.
Cambios en el Impuesto Sobre la Renta
La legislación también incorpora modificaciones al régimen del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Entre ellas figura una actualización de la escala progresiva aplicable a las personas físicas a partir del ejercicio fiscal de 2027. Asimismo, introduce nuevas disposiciones relacionadas con las ganancias de capital inmobiliarias y exenciones para viviendas habituales.
De acuerdo con el texto legal, estas medidas buscan adaptar determinados componentes del sistema tributario a las condiciones económicas actuales y fortalecer la equidad fiscal.
Incentivos para empresas y sectores productivos
En el ámbito empresarial, la ley contempla incentivos dirigidos a estimular nuevas inversiones.
Entre las medidas destaca la depreciación acelerada de maquinarias y equipos industriales, un mecanismo que permite a las empresas recuperar con mayor rapidez parte de sus inversiones mediante beneficios tributarios.
Asimismo, se amplían las facilidades del Régimen Simplificado de Tributación (RST), una herramienta diseñada para facilitar el cumplimiento fiscal de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Impacto en el sector agropecuario
La Ley 30-26 incorpora disposiciones especiales para fortalecer la competitividad del sector agropecuario, considerado estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del país.
Entre los beneficios incluidos figuran la exención del Impuesto a los Activos y la eliminación de anticipos fiscales para los productores agropecuarios, medidas orientadas a reducir costos operativos y mejorar la capacidad productiva del sector.
La Ley 30-26 combina alivios tributarios, incentivos a la inversión y medidas orientadas a fortalecer la actividad productiva nacional.
La promulgación de esta legislación representa una de las iniciativas económicas más relevantes impulsadas por el Gobierno dominicano en 2026.
Las medidas contempladas podrían influir en la competitividad empresarial, la formalización económica y la capacidad de inversión de diversos sectores productivos. Asimismo, la amnistía fiscal y los mecanismos de regularización tributaria buscan promover mayores niveles de cumplimiento y fortalecer los ingresos públicos.
Para inversionistas y agentes económicos, la normativa ofrece señales sobre la estrategia gubernamental para estimular el crecimiento en un entorno internacional caracterizado por incertidumbres económicas y financieras.
Con la entrada en vigor de la Ley 30-26, República Dominicana inicia una nueva etapa en su política económica y tributaria. En los próximos meses, la atención estará centrada en la implementación de las medidas aprobadas y en su capacidad para impulsar la inversión, fortalecer la actividad productiva y contribuir a la estabilidad económica del país.
