La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) solicitó al Congreso Nacional de la República Dominicana ampliar el período de vacatio legis de la Ley 74-25, que contiene el nuevo Código Penal, al considerar que el plazo previsto para su entrada en vigor, el próximo 3 de agosto de 2026, es insuficiente para revisar las observaciones técnicas y constitucionales planteadas por distintos sectores.
Solicitud formal al Congreso
La petición fue presentada por el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, mediante una comunicación dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria.
En la misiva, la institución propone extender el período de vacatio legis el tiempo que transcurre entre la promulgación de una ley y su entrada en vigor con el fin de permitir una revisión más amplia del texto aprobado.
Asimismo, plantea la conformación de una comisión bicameral especial encargada de recibir, analizar y documentar formalmente las observaciones presentadas por juristas, instituciones y representantes de diversos sectores antes de que la legislación entre en vigor.
Los artículos que FINJUS propone revisar antes de la entrada en vigor
Aunque FINJUS valoró positivamente la decisión del Congreso de celebrar vistas públicas sobre la normativa, advirtió que mantener el calendario previsto podría generar dificultades jurídicas.
Según expuso Castaños Guzmán, permitir que el Código Penal entre en vigor sin una revisión adicional podría dar lugar a riesgos de inconstitucionalidad, duplicidades normativas y problemas de interpretación jurídica, factores que, a juicio de la entidad, afectarían la seguridad jurídica y la aplicación uniforme de la ley.
El jurista también destacó que la Ley 74-25 representa una modernización significativa respecto al Código Penal vigente desde 1884, inspirado en el Código francés de 1832, al incorporar principios constitucionales y nuevos tipos penales acordes con la realidad contemporánea.
No obstante, citando a los penalistas Jesús-María Silva Sánchez, Claus Roxin y Eugenio Raúl Zaffaroni, sostuvo que existe una tendencia hacia la expansión del derecho penal mediante la creación de delitos y sanciones que podrían resultar desproporcionados o desvinculados de la protección de bienes jurídicos esenciales.
Principales observaciones al texto
FINJUS identificó varios artículos que considera susceptibles de ajustes antes de la entrada en vigor de la ley.
Entre ellos figuran las disposiciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas (artículos 8 y 11), para las que propone precisar los criterios de imputación y evitar responsabilidades automáticas dentro de grupos empresariales.
Respecto al aborto (artículo 111), la entidad entiende que la exigencia de agotar todos los medios científicos y técnicos disponibles antes de eximir de responsabilidad podría retrasar decisiones médicas urgentes.
En materia de violencia doméstica y disciplina parental (artículo 124), recomienda aclarar expresamente que el derecho de los padres a educar excluye cualquier forma de castigo corporal o trato humillante.
También plantea modificaciones a los artículos relacionados con difamación e injuria (208 al 212), con el propósito de incorporar garantías para las expresiones relacionadas con funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Sobre la denominada difamación extorsiva (artículo 209), FINJUS considera desproporcionada la pena prevista de cinco a diez años de prisión y propone incorporar excepciones que protejan las denuncias de interés público y el ejercicio del periodismo.
La institución también recomendó revisar las disposiciones relativas a operaciones comerciales con menores, enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, ultraje y la regulación del acto médico, con el objetivo de evitar interpretaciones excesivamente amplias o restricciones indebidas a derechos fundamentales.
Observaciones al proyecto de modificación
Además del texto vigente, FINJUS analizó el proyecto impulsado por el senador Ricardo de los Santos, que propone modificar 18 artículos del Código Penal.
La organización expresó preocupación por la propuesta de eliminar el plazo especial de 30 años para la prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad y personas en condición de vulnerabilidad, al calificar esa iniciativa como una «regresión normativa».
Igualmente, cuestionó la modificación del artículo 310 sobre ultraje en sede jurisdiccional, al entender que protege a jueces y fiscales frente a intimidaciones, pero deja fuera a abogados y defensores públicos. Según la entidad, esa diferencia podría afectar el principio de igualdad procesal y el derecho de defensa consagrados en la Constitución dominicana.
Análisis de impacto
La discusión sobre la entrada en vigor del nuevo Código Penal constituye uno de los debates legislativos más relevantes para el sistema jurídico dominicano en los últimos años.
La solicitud de FINJUS pone de relieve la necesidad de equilibrar la modernización de la legislación penal con la seguridad jurídica y el respeto de las garantías constitucionales. El desenlace de este proceso podría influir tanto en la aplicación futura de la justicia penal como en la confianza de la ciudadanía y de la comunidad jurídica en la nueva normativa.
«Forzar la entrada en vigencia del texto en su estado actual representa un riesgo crítico de inconstitucionalidad, duplicidades y fallas interpretativas», advirtió FINJUS en la comunicación enviada al Congreso Nacional.
FINJUS reiteró su disposición de colaborar con el proceso legislativo y exhortó al Congreso Nacional a actuar con «sensatez legislativa y rigor técnico» antes de la entrada en vigor de la Ley 74-25.
Hasta el momento, los presidentes de ambas cámaras legislativas no han informado públicamente si acogerán la solicitud de ampliar el período de vacatio legis o conformar la comisión bicameral propuesta por la organización.