El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional declaró este miércoles en rebeldía a la creadora de contenido Ingrid Jorge, conocida como “la Torita”, tras no comparecer a tres audiencias consecutivas del juicio preliminar que enfrenta por presunta difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas, titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
La información fue confirmada por el abogado Miguel Valerio, representante legal de Faride Raful, quien indicó que las partes habían avanzado en conversaciones para alcanzar un acuerdo, aunque este no logró concretarse.
Según explicó Valerio, a partir del 1 de junio comenzará la ejecución de las medidas contenidas en el contrato de fianza impuesto previamente a Jorge, incluyendo presentación periódica e impedimento de salida del país.
La declaración de rebeldía implica además que Ingrid Jorge podría ser arrestada. No obstante, la orden podría ser levantada si la imputada se presenta voluntariamente ante el tribunal.
Cómo ocurrió el proceso judicial
El expediente surge luego de que Jorge afirmara públicamente que poseía material íntimo relacionado con la ministra Faride Raful, declaraciones de las que posteriormente se retractó.
El Ministerio Público y la parte querellante sostienen que las expresiones difundidas constituyen presuntos actos de difamación e injuria.
Hasta el momento, la defensa de Ingrid Jorge no ha ofrecido declaraciones públicas adicionales sobre las razones de sus ausencias a las audiencias ni sobre los próximos pasos procesales.
Lo que se sabe sobre otros procesos abiertos
La creadora de contenido también enfrenta otro proceso judicial impulsado por el procurador adjunto Iván Feliz, quien igualmente la acusa de afectar su honor mediante declaraciones públicas.
En ese caso, las autoridades le impusieron en 2025 una garantía económica de un millón de pesos mediante aseguradora, además de presentación periódica e impedimento de salida del país como medidas de coerción.
Ambos procesos se desarrollan bajo figuras penales vinculadas a delitos contra el honor y la reputación.
El caso vuelve a colocar en discusión el alcance legal de las declaraciones difundidas en plataformas digitales y redes sociales en República Dominicana.
En los últimos años, las autoridades judiciales han conocido un número creciente de procesos relacionados con presunta difamación, injuria y vulneración del derecho al honor en entornos digitales, especialmente cuando involucran figuras públicas, funcionarios o creadores de contenido de alto perfil.
La declaración de rebeldía constituye una medida procesal relevante porque permite al tribunal garantizar la continuidad del proceso judicial frente a ausencias reiteradas de un imputado.
Al mismo tiempo, el caso refleja cómo la exposición mediática y el uso masivo de redes sociales continúan ampliando el debate sobre los límites entre libertad de expresión, responsabilidad pública y protección de derechos fundamentales.
“Siempre estamos abiertos a un acuerdo en el conflicto y habíamos avanzado en ese proceso”.
La evolución del caso dependerá ahora de si Ingrid Jorge comparece ante el tribunal o si las autoridades ejecutan la orden derivada de la declaración de rebeldía. Mientras tanto, el proceso continúa generando atención pública por sus implicaciones legales y mediáticas en el entorno digital dominicano.