La justicia de República Dominicana revisará este jueves la prisión preventiva impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados acusados de integrar una presunta red de corrupción que habría defraudado a la aseguradora estatal con más de 15 mil millones de pesos dominicanos, según el Ministerio Público.
El proceso, considerado uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes vinculados al sistema de salud público dominicano, continúa bajo supervisión del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
La revisión obligatoria de la medida de coerción estará a cargo del juez Deiby Timoteo Peguero, responsable del control de la investigación penal.
Además de Hazim, comparecerán los exfuncionarios de Senasa Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, así como Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
De acuerdo con el Código Procesal Penal dominicano, las medidas de prisión preventiva deben revisarse cada tres meses para determinar si persisten las condiciones que justifican su aplicación.
Los imputados cumplen una medida de coerción de 18 meses. Los hombres permanecen recluidos en el centro penitenciario Las Parras, en San Antonio de Guerra, mientras que Ada Ledesma Ubiera está detenida en Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
Cómo avanza el proceso judicial
El Séptimo Juzgado de Instrucción confirmó que los imputados bajo arresto domiciliario —el empresario Eduardo Read Estrella y las contratistas del Estado Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina— no están sujetos a esta revisión periódica, debido a que la normativa procesal solo contempla ese mecanismo para personas privadas de libertad en centros penitenciarios.
La medida de coerción inicial fue impuesta el 15 de diciembre de 2025 por el juez de Atención Permanente Rigoberto Sena, quien otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar la acusación formal.
Ese período situaría la posible presentación del expediente acusatorio hacia agosto de este año, salvo que se produzcan nuevas extensiones procesales.
La detención más reciente
El pasado viernes fue arrestado Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por las autoridades como el más reciente detenido vinculado al caso.
Según el Ministerio Público, Guzmán Vásquez fue interceptado mientras intentaba salir del país a través de un aeropuerto dominicano. El imputado trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022.
La audiencia para conocer su medida de coerción fue aplazada y quedó reprogramada para este viernes.
Detalles de la acusación
El Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Hazim se habría estructurado una presunta red criminal dentro de Senasa para desviar fondos públicos mediante mecanismos de corrupción y lavado de activos.
Según la acusación, la estructura operaba a través de programas especiales sin sustento técnico ni financiero, que presuntamente servían para canalizar pagos ilícitos y sobornos.
La investigación también involucra a ejecutivos y contratistas vinculados a empresas privadas proveedoras de servicios médicos y farmacéuticos al sistema estatal de salud.
Entre ellos figuran el empresario Eduardo Read Estrella, propietario de Khersun S.R.L.; Ada Ledesma Ubiera, ejecutiva de Lufaka; y Ramón Speakler Mateo, vinculado al Grupo Siulrod SRL.
Implicaciones para el sistema de salud
De acuerdo con el expediente, los acusados habrían provocado incrementos fraudulentos en la facturación médica mediante supuestos sobretratamientos a pacientes.
Los fiscales aseguran que las irregularidades incluyeron aumentos injustificados en sesiones de radioterapia y quimioterapia para pacientes oncológicos, así como procedimientos cardiovasculares presuntamente innecesarios.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso afirmó anteriormente que un paciente habría sido sometido a cinco cateterismos sin requerirlos médicamente, un caso citado por las autoridades para ilustrar la magnitud de las alegadas irregularidades.
El caso Senasa ha generado amplia atención pública debido a que involucra a la principal aseguradora estatal de salud de República Dominicana, entidad clave para millones de afiliados de los regímenes subsidiado y contributivo.
Analistas consideran que el proceso podría convertirse en una prueba relevante para el sistema judicial dominicano en materia de persecución de delitos financieros y corrupción administrativa en el sector salud.
El expediente también se desarrolla en un contexto regional marcado por investigaciones sobre presuntos esquemas de fraude y sobrefacturación en servicios sanitarios públicos en varios países de América Latina.
“El Ministerio Público califica al grupo como una red criminal articulada dentro de Senasa”, señala el expediente judicial.
La revisión de la prisión preventiva marcará una nueva etapa en un proceso que continúa bajo investigación y que podría derivar en una acusación formal en los próximos meses.
Mientras las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas y el análisis financiero del caso, el expediente Senasa continúa posicionándose como uno de los procesos anticorrupción más observados actualmente en República Dominicana