A pocas horas de que la Cámara de Diputados conozca el informe de la comisión especial que estudia el proyecto del nuevo Código Penal, el Congreso Nacional recibió nuevas propuestas de modificación presentadas por organizaciones políticas, gremios profesionales, juristas y representantes de la sociedad civil. Las observaciones abarcan temas como corrupción, aborto, libertad de expresión, inteligencia artificial y régimen de penas.
El debate entra en su fase decisiva
Aunque el plazo oficial para recibir observaciones concluyó el miércoles, los presidentes de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y del Senado, Ricardo de los Santos, señalaron que aún existe margen para incorporar cambios antes de la votación prevista para este jueves.
La apertura a nuevas observaciones refleja la relevancia de una reforma que busca sustituir un Código Penal vigente desde hace más de un siglo y que ha generado un amplio debate político, jurídico y social.
Las principales propuestas presentadas
Entre las iniciativas depositadas figura la del presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, quien propuso eliminar la exclusión de responsabilidad penal para partidos políticos e iglesias, declarar imprescriptibles los delitos graves de corrupción y fortalecer las sanciones por delitos contra el patrimonio público.
Asimismo, planteó incorporar referencias al uso de inteligencia artificial en delitos relacionados con imágenes manipuladas y eliminar el delito de ultraje contra funcionarios públicos, al considerar que estos disponen de los mismos mecanismos legales de protección que cualquier ciudadano.
Juristas y gremios plantean cambios al proyecto
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por Trajano Potentini, presentó varias observaciones orientadas a mantener el límite máximo de 30 años de prisión y rechazar la acumulación de penas que podría alcanzar los 60 años.
La entidad también recomendó revisar disposiciones que, a su juicio, amplían excesivamente la potestad sancionadora del Estado y contienen conceptos jurídicos susceptibles de generar interpretaciones ambiguas.
Por su parte, el expresidente del CARD, Miguel Surun Hernández, en representación de la Fundación Primero Justicia, cuestionó artículos relacionados con expresiones artísticas, el tratamiento del acoso escolar (bullying) y determinadas conductas en plataformas digitales.
Las tres causales y la libertad de expresión siguen en el centro del debate
Un grupo integrado por más de 70 juristas solicitó incorporar las tres causales que permitirían la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, el feto presente una condición incompatible con la vida o el embarazo sea consecuencia de violación o incesto.
Las representantes del grupo también propusieron modificar el artículo sobre aborto forzado para reforzar las garantías del consentimiento de la mujer.
En otro frente, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) pidió revisar varios artículos que, según el gremio, podrían afectar la libertad de expresión, la libertad de prensa, el secreto profesional y la protección de las fuentes periodísticas.
Un proyecto que mantiene consensos y diferencias
Las propuestas presentadas reflejan la diversidad de posiciones en torno al nuevo Código Penal y evidencian que persisten diferencias sobre temas considerados sensibles para distintos sectores de la sociedad dominicana.
El proyecto incorpora disposiciones relacionadas con nuevas modalidades delictivas, la protección de derechos fundamentales y la actualización del régimen sancionador, aspectos que han motivado un amplio proceso de revisión legislativa.
«Todavía hay tiempo para incorporar modificaciones antes de la aprobación del proyecto», expresaron los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
Lo que sigue en el proceso legislativo
La Cámara de Diputados tiene previsto conocer el informe elaborado por la comisión especial y decidir si aprueba el proyecto con las modificaciones recomendadas.
La decisión será determinante para el futuro del Código Penal dominicano, una de las reformas legislativas más debatidas de los últimos años por sus implicaciones jurídicas, sociales e institucionales.