La lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia continúan siendo pilares centrales del gobierno de Luis Abinader, tal como lo prometió desde su llegada al poder en 2020. Bajo el lema “Caiga quien caiga”, el mandatario ha insistido en la construcción de un Estado más ético y responsable.
En ese contexto, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) se ha consolidado como una pieza clave de la estrategia oficial. Su directora, Milagros Ortiz Bosch —recordada por ser la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de la República— ha mantenido un discurso firme en favor de la rectitud moral y la defensa de causas sociales.
La entidad, adscrita al Ministerio de la Presidencia, funciona desde 2012 y para este 2026 cuenta con un presupuesto de 401 millones de pesos. Su nómina mensual asciende a 12.7 millones, con una plantilla que se ha mantenido estable: de 172 colaboradores en 2020 a 169 en la actualidad, pese a la ampliación de sus funciones técnicas.
Al cierre de enero de 2026, la DIGEIG reportaba 22 denuncias en proceso de investigación y resolución, reflejo de la continuidad de su rol como organismo de control y vigilancia dentro del aparato estatal.